Una jueza federal bloquea la orden de Trump “sin precedentes” contra el bufete de abogados Perkins Coie El fallo representa el rechazo más contundente hasta la fecha a la serie de órdenes ejecutivas de Trump contra algunas de las firmas de abogados más prestigiosas del país.
Una jueza federal bloqueó este viernes una orden ejecutiva de la Casa Blanca dirigida contra un prestigioso bufete de abogados, lo que supone un revés para la campaña de represalias del presidente Donald Trump contra la profesión jurídica. La jueza de distrito,
Beryl Howell, declaró que la orden ejecutiva contra el bufete Perkins Coie constituía una “represalia inconstitucional”, al ordenar su anulación inmediata y que la administración Trump detuviera su aplicación. “Ningún presidente estadounidense”, escribió Howell en su orden de 102 páginas,
“ha emitido jamás órdenes ejecutivas como la que se discute en esta demanda contra un prominente bufete de abogados, con acciones adversas que deben ser ejecutadas por todas las agencias del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en su propósito y efecto, esta acción se inspira en un manual tan antiguo como Shakespeare, quien escribió la frase: ‘Lo primero que haremos será matar a todos los abogados’”.
El fallo representó el rechazo más contundente hasta la fecha a la serie de órdenes ejecutivas de Trump, redactadas de forma similar, contra algunos de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. Esto forma parte de un esfuerzo del presidente por transformar la sociedad civil estadounidense, atacando a supuestos adversarios con la esperanza de obtener concesiones y someterlos a su voluntad.
Varias de las firmas sancionadas hicieron trabajos legales a los que Trump se ha opuesto, o tienen o han tenido vínculos con fiscales que en algún momento investigaron al presidente. Los edictos han ordenado la suspensión de las autorizaciones de seguridad de los abogados de las firmas sancionadas, la rescisión de los contratos federales y la prohibición del acceso de sus empleados a edificios federales.
Los bufetes sancionados han calificado las órdenes ejecutivas como una afrenta al sistema legal, en contradicción con el principio fundamental de que los abogados deben tener la libertad de representar a quien deseen. En el caso de Perkins Coie, la Casa Blanca citó su representación de la campaña de la demócrata Hillary Clinton durante la carrera presidencial de 2016.
Trump también ha criticado duramente a uno de los exabogados del bufete, Marc Elias, quien contrató los servicios de una firma de investigación de la oposición que, a su vez, contrató a un exespía británico que elaboró archivos de investigación que examinaban posibles vínculos entre Trump y Rusia. Elias dejó el bufete en 2021.
En su opinión, Howell escribió que Perkins Coie fue atacado porque el bufete “expresó su apoyo a políticas de empleo que no le agradan al presidente, representó a clientes que no le agradan al presidente, representó a clientes que buscaban resultados en litigios que no le agradan al presidente y representó a clientes que impugnaban algunas de las acciones del presidente, que tampoco le agradan”.
“Eso”, escribió, “es represalia inconstitucional y discriminación por punto de vista, simple y llanamente”. La decisión no fue sorprendente, dado que Howell había bloqueado temporalmente varias disposiciones de la orden y había expresado profundas dudas sobre el edicto en una audiencia más reciente, cuando interrogó a un abogado del Departamento de Justicia encargado de justificarlo.
Los otros bufetes de abogados que han impugnado las órdenes en su contra —WilmerHale, Jenner & Block y Susman Godfrey— han logrado bloquearlas, al menos temporalmente.
Sin embargo, otras firmas importantes han intentado evitarlas llegando a acuerdos preventivos que les exigen, entre otras cosas, dedicar decenas de millones de dólares en servicios legales gratuitos a causas que la administración Trump afirma apoyar.
